Viernes 30 de octubre de 2009
IMPACTO AMBIENTAL
Justicia para quien pueda pagarla
Juan José Morales
El lunes pasado comentábamos en esta columna que la lucha de los defensores del medio ambiente contra las grandes empresas que lo destruyen o deterioran, se antoja el combate entre David y Goliat. Lo ocurrido después de ese comentario viene a reforzarlo: resulta que, en respuesta a la petición de los habitantes de Cozumel que iniciaron un procedimiento legal para detener la extracción de arena en el norte de la isla a fin de llevarla a Cancún y la Riviera Maya para restaurar playas erosionadas, el juez les concedió la suspensión solicitada, pero con la condición de que depositen una fianza de $15 millones para compensar por eventuales daños y perjuicios al fideicomiso que realizará las obras.
Con ello se comprueba lo que reza el dicho popular: que la justicia es sólo para quien pueda comprarla o pagarla. En este caso, es obvio que los ambientalistas cozumeleños no tienen tal cantidad de dinero, y aunque han iniciado una colecta para reunirla, difícilmente podrán lograrlo. Se da así la peculiar situación de que, aunque en principio el juez estima que les asiste la razón —de lo contrario no habría concedido la suspensión—, en la práctica les niega la protección de la justicia porque no cuentan —ni remotamente— con los cuantiosos recursos económicos de la otra parte. Y para que la paradoja resulte mayor, esos enormes recursos económicos de que dispone el fideicomiso al cual se enfrentan los ciudadanos preocupados por la protección y conservación del medio ambiente, provienen del bolsillo de los propios ciudadanos... y de todos nosotros en general, pues es dinero de nuestros impuestos.
En efecto, el fideicomiso fue integrado con aportaciones del go-bierno federal, el de Quintana Roo y los municipios de Cozumel, Solida-ridad y Benito Juárez.
Por lo demás, la forma en que en estos días ha evolucionado el asunto demuestra de que —contra lo que se ha querido hacer creer— la resistencia a la extracción de arena en Cozumel no es capricho de un puñado de ecologistas obstinados a quienes sólo importan las larvas de caracol y no el empleo, el bienestar y la prosperidad de quienes depen-den del turismo. Al anunciarse que se realizaría una colecta para reunir la suma exigida por el juez, entre quienes ofrecieron aportaciones des-tacan el propio presidente municipal de Cozumel y los miembros de la cámara de comercio de la isla. Y cuando se anunció que mientras tanto se sacaría arena de la zona de Isla Mujeres, los pescadores y otros habitantes de ese lugar reaccionaron de inmediato y —apoyados por la presidenta municipal— solicitaron un amparo a fin de evitarlo, pues recuerdan que hace tres años, cuando se extrajo arena de aquella zona para formar las efímeras playas artificiales del primer proyecto de restauración en Cancún, hubo consecuencias negativas sobre la pesca y la navegación. Temen que ahora ocurra lo mismo.
Nadie puede negar la necesidad de restaurar las playas de Cancún, puesto que son la base de la actividad turística en esa ciudad. Y si bien la culpa de que se hayan perdido fue de quienes destruyeron las dunas costeras para levantar hoteles, condominios y restaurantes, ya pasó el momento de buscar culpables y es hora de encontrar soluciones. Pero nadie puede negar tampoco que eso debe hacerse cuidando de no afectar a otros. Y eso es lo que puede suceder, pues el proyecto se elaboró sin buscar el consenso de los diversos sectores involucrados y, además, parece haber sido apresurado, improvisado y deficiente. Por eso las cosas se han complicado tanto.
A la hora de escribir estos comentarios no se sabía si —como se ha pedido al juez— se eliminaría el requisito de la fianza. Pero mucho me temo, aunque por supuesto deseo lo contrario, que finalmente se impondrá el criterio de que quien no puede pagar por la justicia no tiene derecho a ella.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
martes, 3 de noviembre de 2009
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